El Alcalde de Pozoblanco y César Bravo monopolizan de forma autoritaria y dictatorial el funcionamiento de la gestión municipal, tras haberse quedado solos al frente de la misma, después de haber destituido de forma fulminante a los concejales de su inicial equipo de gobierno, los cuales le habían permitido acceder al gobierno y a la alcaldía a pesar de ser la TERCERA FUERZA en el resultado electoral de Mayo de 2011, y como muestra un botón:Tras haber convocado una Comisión Informativa de Desarrollo Económico, dentro de la cual, el punto principal del orden del día es el debate sobre el Plan de Empleo Local, para el presente año, y consensuar las aportaciones de los diferentes grupos políticos al mismo, en el día de ayer, dicha comisión se resuelve de forma rotunda, cuando el presidente de la misma, D. César Bravo se ausenta por tener que participar en un acto electoral del actual proceso de elecciones autonómicas, y queda al frente de la presidencia de dicha comisión el Alcalde D. Pablo Carrillo, el cual hace caso omiso de las aportaciones que los distintos portavoces hacen sobre el citado Plan de Empleo, y cerrando la Comisión con la observación de que el tema se aprobará por Decreto del Alcalde, con lo cual demuestra su prepotencia, y pone de manifiesto la vuelta a los escenarios políticos de Pozoblanco del "RODILLO DEL PSOE", del que tanta gala han hecho en tiempos pasados y que parece ser vuelve a nuestro pueblo de manos de los actuales dirigentes socialistas.
Desde CDeI, nos parece incomprensible que el actual equipo de gobierno, (PSOE), siga sin tener en cuenta opiniones de ningún otro grupo y que imponga su voluntad en todos los escenarios a base de decretos.
¿Que sentido tiene convocar una Comisión Informativa de Desarrollo Económico, cuando la única opinión y decisión es la suya y la imponen a base de decreto?
¿No sería más democrático que la comisión informara y el Pleno decidiera por mayoría tras el correspondiente debate?
Pues parece ser que no, parece que aquí, en el Ayuntamiento de Pozoblanco sólo cuenta una opinión (la suya), y cuando se atisba la mínima posibilidad de que no se imponga, se firma el correspondiente decreto para ello.
